Las sanciones del canal de denuncias están reguladas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. No disponer de un Sistema interno de información, cuando la empresa está obligada, es una infracción muy grave que se castiga con multas de 600.001 a 1.000.000 de euros para las personas jurídicas.
La ley no solo sanciona la falta de canal. También castiga las represalias contra quien informa, la ruptura de la confidencialidad o los obstáculos a la investigación. Y desde el 1 de septiembre de 2025 funciona la autoridad estatal encargada de imponer esas multas.
Quién está obligado a tener canal de denuncias
El artículo 10 de la Ley 2/2023 obliga a disponer de un Sistema interno de información a estas entidades del sector privado:
- Las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores.
- Las personas jurídicas incluidas en el ámbito de los actos de la Unión Europea sobre servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia de su número de trabajadores.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por ellos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
A ellas se suman las entidades del sector público (artículo 13). El plazo para implantar el sistema ya ha vencido: era de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 13 de junio de 2023, y se amplió hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas de 249 trabajadores o menos (disposición transitoria segunda).
Las empresas no obligadas pueden implantar su propio sistema de forma voluntaria, pero entonces debe cumplir los requisitos de la ley (artículo 10.2). Si necesitas una herramienta que cumpla esos requisitos, consulta nuestro software de canal de denuncias.
Qué conductas se sancionan
El artículo 63 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves. Las muy graves exigen dolo, es decir, que la conducta sea intencionada.
Infracciones muy graves
- Limitar los derechos y garantías de la ley mediante contratos o acuerdos, u obstaculizar la presentación de comunicaciones o su seguimiento, incluida la aportación de información o documentación falsa.
- Adoptar cualquier represalia contra el informante o contra las demás personas protegidas por la ley.
- Vulnerar la confidencialidad o el anonimato, en particular intentar revelar la identidad de un informante que ha optado por el anonimato, aunque no se llegue a revelar.
- Vulnerar el deber de secreto sobre la información.
- Cometer una infracción grave tras haber sido sancionado por dos infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores.
- Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de que es falsa.
- No disponer de un Sistema interno de información en los términos que exige la ley.
Infracciones graves
- Limitar derechos u obstaculizar las comunicaciones o su seguimiento cuando no llegue a ser muy grave.
- Vulnerar la confidencialidad, el anonimato o el deber de secreto cuando no llegue a ser muy grave.
- No adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el secreto de las informaciones.
- Cometer una infracción leve tras haber sido sancionado por dos infracciones en los dos años anteriores.
Infracciones leves
- Que el Responsable del Sistema remita a la autoridad información incompleta de forma deliberada o fuera de plazo.
- No colaborar con la investigación de las informaciones.
- Cualquier otro incumplimiento de la ley que no esté tipificado como grave o muy grave.
Cuantía de las sanciones del canal de denuncias
El artículo 65 fija las multas según quién cometa la infracción:
Infracción
Personas físicas
Personas jurídicas
Leve
De 1.001 a 10.000 €
Hasta 100.000 €
Grave
De 10.001 a 30.000 €
De 100.001 a 600.000 €
Muy grave
De 30.001 a 300.000 €
De 600.001 a 1.000.000 €
En las infracciones muy graves, la autoridad puede acordar además:
- La amonestación pública.
- La prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
- La prohibición de contratar con el sector público durante un máximo de tres años.
Las sanciones muy graves de 600.001 € o más impuestas a personas jurídicas pueden publicarse en el Boletín Oficial del Estado una vez firmes en vía administrativa.
Para fijar la cuantía dentro de cada tramo se pueden tener en cuenta, entre otros criterios, la reincidencia, el daño causado y su duración, la intencionalidad, el resultado económico del ejercicio anterior, la subsanación por propia iniciativa, la reparación del daño y la colaboración con la autoridad (artículo 66).
Quién impone las sanciones y a quién
La potestad sancionadora corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) y a los órganos competentes de las comunidades autónomas (artículo 61). La A.A.I. es competente en el sector público estatal y en el sector privado de todo el territorio, salvo que una comunidad autónoma haya atribuido esa competencia a su propio organismo. La A.A.I. está en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2025.
En la Comunitat Valenciana, la Agencia Valenciana Antifraude es la autoridad de protección del informante para el sector público autonómico y local. Para las empresas privadas, la competencia corresponde a la A.A.I. salvo que la normativa autonómica la atribuya a la agencia (artículo 61, apartados 2 y 3).
Pueden ser sancionadas tanto las personas jurídicas como las personas físicas que cometan las infracciones, por ejemplo, quien adopta una represalia o revela la identidad del informante. La responsabilidad se mantiene aunque la persona haya dejado la entidad (artículo 62).
Prescripción de infracciones y sanciones
- Infracciones (artículo 64): las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. En las infracciones continuadas, como no tener canal, el plazo empieza a contar cuando termina la actividad infractora.
- Sanciones (artículo 68): las impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año.
Cómo evitar las sanciones del canal de denuncias
1
Implantar el Sistema interno de información
Un canal que permita comunicar por escrito o verbalmente, o de ambas formas, que admita comunicaciones anónimas y que informe de los canales externos ante las autoridades (artículo 7).
2
Designar al Responsable del Sistema
Lo nombra el órgano de administración, debe actuar con independencia y su nombramiento o cese se notifica a la autoridad competente en un plazo de diez días hábiles (artículo 8).
3
Aprobar el procedimiento de gestión
Debe prever el acuse de recibo en siete días naturales y una respuesta en un plazo máximo de tres meses, ampliable otros tres en casos complejos (artículo 9).
4
Garantizar la confidencialidad y la protección de datos
Restringir el acceso, formar al personal que pueda recibir comunicaciones y aplicar el RGPD a los datos del informante y de las personas afectadas. Te ayudamos con nuestra consultoría de protección de datos en Valencia.
5
Llevar el libro-registro
Todas las entidades obligadas deben registrar las informaciones recibidas y las investigaciones internas, con garantías de confidencialidad (artículo 26).
6
Proteger al informante frente a represalias
Cualquier represalia es una infracción muy grave, así que conviene revisar los procesos de recursos humanos que puedan afectar a quien ha informado.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la multa por no tener canal de denuncias?
No disponer de un Sistema interno de información cuando la empresa está obligada es una infracción muy grave (artículo 63.1.g). Para las personas jurídicas, la multa va de 600.001 a 1.000.000 € (artículo 65.1.b), y puede acompañarse de amonestación pública y de prohibiciones de recibir subvenciones o de contratar con el sector público.
¿Pueden sancionar a una empresa de menos de 50 trabajadores?
Por no tener canal, solo si está obligada por otro motivo, por ejemplo por pertenecer a los sectores del artículo 10.1.b, como el financiero o la prevención del blanqueo de capitales. Si la empresa implanta un sistema de forma voluntaria, debe cumplir la ley, y otras infracciones, como las represalias o la vulneración de la confidencialidad, no dependen del tamaño de la empresa.
¿Quién sanciona a una empresa privada en la Comunitat Valenciana?
Con carácter general, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, salvo que la normativa autonómica atribuya esa competencia a la Agencia Valenciana Antifraude. La agencia es la autoridad competente para el sector público autonómico y local.
¿Se puede sancionar personalmente al Responsable del Sistema?
Sí. El régimen sancionador se aplica a las personas físicas que cometan las infracciones, con multas de 1.001 a 300.000 €. Por ejemplo, la ley tipifica como infracción leve que el Responsable del Sistema remita a la autoridad información incompleta de forma deliberada o fuera de plazo.
¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para sancionar?
Depende de la gravedad: las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Si la infracción es continuada, como no disponer de canal, el plazo no empieza a contar hasta que termina la situación.
¿Tu canal de denuncias cumple la Ley 2/2023?
Revisamos tu Sistema interno de información, el procedimiento y el tratamiento de los datos, y te ofrecemos un software de canal de denuncias preparado para cumplir los requisitos de la ley.
Ver el software de canal de denuncias


